r/SpainEconomics • u/Angel24Marin • 3h ago
r/SpainEconomics • u/reaqtion • Oct 12 '22
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r/SpainEconomics • u/toptnc • 1d ago
España crecerá el doble que la UE en 2026 y será el mayor creador de empleo entre las grandes economías europeas
r/SpainEconomics • u/Angel24Marin • 22h ago
El salario mínimo sube a 1.286 euros al mes: cuál es el neto, desde cuándo se cobra y quién lo recibe
El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, del 5,3%, hasta situarlo en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. Se trata de 65 euros más al mes respecto al SMI actual, de 1.221 euros. El Consejo de Ministros además ha aprobado de nuevo una deducción fiscal para que estos trabajadores no paguen IRPF por sus remuneraciones.
“Damos una buena noticia a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que el aumento supone 910 euros más respecto a este año.
La aprobación del SMI de 2027 se ha adelantado respecto a lo habitual, ante la voluntad del Gobierno progresista de cerrar el incremento de los salarios más bajos antes de las elecciones del 29 de noviembre. Desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el salario mínimo ha aumentado casi un 75%: desde los 735,9 euros a 1.286 euros mensuales.

A continuación, recogemos algunas de las preguntas más frecuentes en relación a la subida del salario mínimo.
¿Cuánto sube el salario mínimo?
El SMI aumenta un 5,3% respecto a 2026, para compensar el aumento de los precios y que los trabajadores mantengan así el poder adquisitivo.
El alza se ha fijado según el IPC interanual de octubre (del 4,9%) y se han sumado cuatro décimas para compensar la pérdida de poder adquisitivo del SMI de este año, explican en el Ministerio de Trabajo. En 2026, el salario mínimo subió un 3,1% y en el departamento de Yolanda Díaz indican que la inflación media se sitúa en el 3,5%.

Además, el aumento aprobado garantiza el compromiso del Gobierno de que el SMI se sitúe al menos al 60% del salario medio del país, como recomienda el Comité Europeo de Derechos Sociales. El Comité de expertos adherido al Ministerio de Trabajo calculó que esta meta se garantiza a partir de un incremento del 2,6%.
El salario mínimo se incrementa así en 65 euros al mes, pasando de 1.221 euros a 1.286 euros mensuales por una jornada completa en 2026, que se abonan en 14 pagas. En las empresas que paguen el salario en 12 pagas, alcanza los euros 1.500 euros al mes. En términos anuales, el SMI alcanza los 18.004 euros.
¿Los 1.286 euros son brutos o netos?
Brutos. Por tanto, el salario neto que el trabajador recibe en su cuenta bancaria es algo inferior.
A las cantidades brutas hay que descontar las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (para la protección social por desempleo o enfermedad, por ejemplo). Y, en un primer momento, también la retención mensual de IRPF, aunque luego Hacienda devolverá estas cuantías en la declaración de la renta a sus perceptores.
Aproximadamente, la cuantía neta que recibirán los trabajadores finalmente rondará los 1.200 euros al mes en 14 pagas.
¿Desde cuándo se aplica la subida del salario mínimo?
Desde el 1 de enero de 2027.
¿Quién recibe el SMI?
Hay cifras dispares sobre quiénes cobran el salario mínimo, incluso dentro del propio Gobierno. Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, el nuevo salario mínimo alcanzará a unas 2,7 millones de personas trabajadoras, lo que supone el 13,6% de las personas asalariadas, ha explicado Yolanda Díaz.
Estos salarios más bajos cubren sobre todo a algunos colectivos, como los jóvenes y las mujeres, que tienen en general remuneraciones inferiores. El 65,2% de las personas beneficiarias del SMI son mujeres, cifra Trabajo, unas 1,7 millones de mujeres. El Ministerio de Yolanda Díaz destaca que el SMI tiene una incidencia del 27,2% entre los trabajadores menores de 25 años.
Además, el aumento alcanza más algunos territorios donde el SMI está más extendido, como Canarias, con un 22% de asalariados cubiertos, Extremadura (20,7%) y Andalucía (17,7%), según los datos de Trabajo. Por sectores, las empleadas del hogar y el sector agricola (30% de los trabajadores) son dos de los más alcanzados por la medida, seguido del sector servicios (15,3%), la industria (5,8%) y la construcción (5,4%).
¿Los trabajadores pagarán IRPF?
No. El Gobierno ha elevado la deducción actual (de unos 590 euros) hasta los 1.033 euros para que la subida del SMI de 2027 llegue “íntegra” al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, ha afirmado el ministro de Hacienda, Arcadi España.
Como novedad, el IRPF ya no se retendrá en la nómina de manera mensual, como hasta el momento, para ser devuelto luego a los trabajadores al realizar la declaración de la renta. El ministro España ha explicado que se ha modificado también el reglamento del IRPF para que no se realice esta retención mensual en el año 2027.
Además, “la rebaja fiscal se extiende a salarios inmediatamente superiores al SMI”, ha explicado España, para evitar lo que se conoce como “error de salto”. Así, desde los 18.004 euros anuales del salario mínimo hasta los 23.172 euros, va reduciéndose progresivamente la deducción fiscal del IRPF, ha afirmado el responsable de Hacienda.
¿Nadie puede cobrar menos de 1.286 euros brutos al mes?
Por una jornada completa de trabajo, no. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar al pago de cantidades inferiores en ningún caso. Es decir, que una empresa no puede pagar menos de esos 1.286 euros porque además del sueldo incluye otros beneficios, como un comedor a cargo de la empresa o el uso de una vivienda a cargo del empleador, por ejemplo, habitual con las trabajadoras del hogar internas.
Pero sí hay personas que pueden cobrar menos de 1.286 euros brutos al mes: aquellas que no trabajen jornadas completas, sino parciales. La inmensa mayoría, el 73%, son mujeres y en muchos casos son jornadas indeseadas, uno de los principales problemas del mercado de trabajo y de la pobreza laboral en España.
En ese caso, el salario mínimo mensual se calcula de manera proporcional en función de las horas trabajadas. Por ejemplo, 643 euros brutos mensuales por una media jornada.
¿Cuál es el salario mínimo diario? ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar?
El decreto del salario mínimo también fija otras referencias, como el salario mínimo diario y el que se aplica para eventuales y temporeros, así como empleadas del hogar.
Las cuantías son:
- SMI diario: 42,87 euros brutos.
- SMI para eventuales y temporeros, por jornada legal en la actividad: 60,88 euros brutos.
- SMI de empleados de hogar, por hora efectivamente trabajada: 10,06 euros brutos.
¿Se puede absorber la subida del SMI a través de complementos salariales?
Sí. Se trata de una práctica empresarial respaldada por el Tribunal Supremo, por la que las empresas absorben el alza del SMI si el trabajador gana en total (incluidos pluses) al menos esos 1.286 euros brutos al mes.
Un ejemplo: pensemos en Patricia, una trabajadora que cobra 1.290 euros brutos al mes (1.200 euros de salario base y 90 euros de plus de nocturnidad). Cuando el SMI suba a 1.286 euros este 2027, su sueldo no aumentará aunque su salario base esté por debajo, porque en total cobra más del mínimo legal. Los sindicatos denuncian que esta práctica devalúa los complementos, que se pagan por una causa determinada, como en este caso la jornada de noche en lugar de diurna.
Por este motivo, CCOO y UGT no respalda el aumento del SMI de este año. El Ministerio de Trabajo se comprometió con los sindicatos mayoritarios a acabar con esta práctica, a través de un cambio normativo, que finalmente no ha aprobado. CCOO y UGT pidieron además un alza del SMI del 7%, inferior a la aprobada.
Así, este año es el primero en el que el Gobierno aprueba el aumento del SMI sin el apoyo de los representantes de los trabajadores desde 2019, cuando el Ejecutivo monocolor del PSOE pactó con Podemos el aumento del SMI a los 900 euros al mes.
r/SpainEconomics • u/Angel24Marin • 22h ago
El desplome del aceite de oliva que ha llevado a retirar producto: su precio en origen se hunde un 65%
Este año, la cosecha alcanzará en España 1,6 millones de toneladas, lejos de las 666.000 toneladas de 2023, por lo que el Ministerio de Agricultura quiere guardar producto para años de caída de producción
El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una medida insólita hasta el momento: ha decretado el almacenamiento obligatorio de un 12% de la producción de aceite de oliva que declaran cada mes las almazaras españolas. El motivo, aprovechar que estamos ante una muy buena cosecha para tener producto guardado cuando vengan mal dadas y evitar, como pasó hace un par de años, que el aceite de oliva dispare su precio. Además, esa decisión busca evitar que los productores se vean en la situación de tener que vender más barato de lo que les cuesta producir, la denominada venta a pérdida.
Esa retirada de producto la venían reclamando desde hace tiempo las organizaciones agrarias, que ven cómo a los olivareros –fundamentalmente, las pequeñas explotaciones tradicionales, – se les han disparado los costes de producción mientras el precio de este producto esencial para la dieta mediterránea se ha desplomado. Una caída que se ve en los puntos de venta, en los supermercados y, también, en origen.
¿Cuánto han caído los precios? ¿A cuánto llegaron y cómo están ahora? Los datos que publica semanalmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan que, en casi tres años –desde que alcanzó su máximo en enero de 2024– el precio del aceite de oliva en origen se ha hundido en un 65%, como se ve en el siguiente gráfico.

Una buena cosecha por delante
Ahora se va a guardar producto porque estamos ante una buena cosecha. El 1 de octubre, el Ministerio de Agricultura y Pesca publicó el aforo previsto para la campaña del olivar: una producción nacional de 1,6 millones de toneladas. De esa cifra, cerca de un millón acabará destinándose a la exportación. Las lluvias del pasado invierno y la primavera han hecho que el olivar se recupere de la profunda sequía que tumbó las producciones entre 2022 y 2024. En 2023 apenas se molturaron 666.000 toneladas de aceite de oliva. Esta escasez de producción disparó los precios a cotizaciones máximas, que superaron los nueve euros por kilo en origen, como se ha visto en el anterior gráfico.
La campaña actual, no obstante, no será de récord. En 2019 se produjeron 1,79 millones de toneladas de aceite de oliva en España. En 2014 fueron 1,78 millones. Fueron años extraordinarios para un cultivo que en su mayoría seguía siendo olivar tradicional. Es decir, producciones por hectárea inferiores a la del olivar extensivo, que se ha generalizado por el Valle del Guadalquivir y por zonas con acceso a riego durante el verano.
España no aspira a un récord de producción, aunque lo rozará, por una razón: el calor de este verano. A pesar de todo lo que ha llovido en los meses en los que el olivo más lo necesita, en verano las temperaturas han sido tan altas que el árbol ha sufrido estrés hídrico. El olivo es uno de los milagros botánicos del Mediterráneo, capaz de aguantar hasta cinco meses sin recibir una gota de lluvia. Pero guarda un secreto. Suele acumular el agua precisamente en las aceitunas. Con un calor extremo, las aceitunas acaban por perder humedad y capacidad de producción.
A cambio, eso sí, el aceite que posteriormente generan será menor pero de una calidad más extraordinaria. El gran problema al que se enfrentan muchos productores sigue estando en el sistema de comercialización en origen del olivar, donde en su mayoría no se distingue por calidad si no por cuándo y cómo se cosechó: aceite de oliva virgen extra (AOVE), el virgen y el lampante.
En cuanto a esos precios en el primer eslabón de la cadena, en el siguiente gráfico se ve la evolución semana a semana.

Una medida histórica que ha generado controversia
La decisión de retirar producto ha sido aplaudida por los productores y criticada por las envasadoras y por las organizaciones de consumidores. Entre los primeros, por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). “La medida, exigida por esta organización agraria durante casi una década, busca poner fin a la volatilidad extrema en la cesta de la compra y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones olivareras”, explica esta organización agraria. Considera que actuará como “un colchón, que almacena excedentes en años de alta producción para liberarlos en años de escasez. Con ello se evita el desabastecimiento relativo y las escaladas de precios desorbitadas como la vivida en campañas recientes”.
En el lado contrario se han situado organizaciones como Facua, que ha calificado la retirada de producto como “escandalosa”, porque puede actuar como freno a la actual caída de precios en los puntos de venta. “El Gobierno no hizo absolutamente nada para frenar las subidas de precios en el aceite de oliva cuando se produjeron de manera especulativa. No hizo nada para evitar que las grandes cadenas de distribución y las grandes empresas del sector disparasen sus márgenes de beneficio a lo bestia”, señaló Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de esta organización de consumidores.
Si se ven los precios de venta, por ejemplo en los supermercados, a principios de 2024 el el aceite de oliva llegó a superar los 12 euros el litro, incluidas las marcas blancas de cadenas como Mercadona, Dia o Carrefour. Actualmente, ese mismo producto ronda los 4 euros.
En el siguiente gráfico se ve cómo han evolucionado las cosechas de aceite de oliva en España en los últimos años.

“La curva de oferta y de demanda en el aceite de oliva es muy rígida. Un pequeño excedente provoca una caída desproporcionada de los precios y al revés, un pequeño déficit provoca un aumento, también, desproporcionado”, explica Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo especialista en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid. “Y en el aceite de oliva, además, el 'price maker' del mundo, marcamos referencia. Somos como la OPEP del aceite de oliva. Esos subes y bajas no son buenos ni para los productores ni para los consumidores”, resume el también investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
“La subida de precios en España no es solo fruto de la rigidez de la oferta y la demanda”, añade. También de la relación destructiva entre la distribución y el sector del aceite de oliva, porque siguen considerándolo un producto reclamo“ para atraer clientes. ”Es una relación insana“. De hecho, García Azcárate también apunta que los 4 euros que se paga ahora por el virgen extra no da a un olivarero tradicional para pagar sus gastos de producción. Si, en cambio, a los productores superintensivos.
“Con una medida como la retirada de producto se consiguen alisar las subidas y bajadas de precios. Es una buena noticia para los consumidores y para los productores”, ahonda. Y cree que tardará en verse reflejado en el precio final, si esta reserva obligatoria constituye un acicate para que los precios suban en plena espiral inflacionista. “Lo podemos notar el próximo año, a partir de febrero o marzo, o ya en verano; porque los precios se construyen al final de la campaña con el aceite que queda y las expectativas del año siguiente. A partir de abril, mayo, ya se empieza a sentir la previsión de la próxima cosecha”.
Además, no todos los territorios lo ven de la misma manera, porque la producción no ha sido igual en todas partes. La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha solicitado al Gobierno que excluya a las almazaras del archipiélago de la obligación de retirar temporalmente del mercado ese 12% de la producción, debido a la singularidad del territorio. En su caso, según los datos recogidos por la dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que recoge la agencia Efe, las disponibilidades totales estimadas en Illes Balears son de 592,72 toneladas, frente a las 806,2 toneladas de media de las seis campañas anteriores.
r/SpainEconomics • u/Angel24Marin • 12h ago
El mapa bancario de España: el imperio de las cajas frente al oligopolio de Santander y BBVA
r/SpainEconomics • u/Angel24Marin • 12h ago
Oficinas bancarias por Entidades en España
flo.uri.shr/SpainEconomics • u/Angel24Marin • 22h ago
El consumo de gas de una industria española “al límite” sufre la mayor caída desde finales de 2022
En octubre, la demanda industrial de esta materia prima se desplomó un 15%, según los datos de Enagás; los precios del crudo y el gas han dado una ligera tregua tras la debacle republicana en EEUU
El consumo de gas de la industria española se desplomó en octubre un 15%, según datos publicados este viernes por Enagás, el operador del sistema gasista. Es la mayor caída desde diciembre de 2022, en plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania. Los retrocesos en octubre fueron especialmente pronunciados en los sectores Químico/Farmacéutico (-29,4%), Refino (-28,9%), Textil (-22,5%) y Papel (-18%), y llegan después de la caída del 9,4% registrada en septiembre.
Son ya doce meses consecutivos de bajadas del consumo de gas de la industria. La tendencia se ha acelerado dramáticamente desde el verano, síntoma de una situación “al límite”, en expresión de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española.
El dato “confirma lo que venimos advirtiendo”, señala Carlos Reinoso, portavoz de este lobby formado por las patronales AICE (combustible), Anfac (automoción), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia). La alianza, que representa al 60% del PIB industrial de España, cifraba hace unos días el impacto de los sobrecostes energéticos derivados de la crisis en Oriente Medio en 8.900 millones para este año.

Según su portavoz, el dato de octubre “no es una mejora de eficiencia ni una transición ordenada hacia electrificación ni combustibles descarbonizados. Son fábricas que reducen o paran su producción porque no pueden asumir el coste energético que están soportando. Lo que hay detrás de esta cifra es destrucción de demanda: menos actividad, menos producción y pérdida de pedidos frente a competidores que tienen apoyos más sólidos”.
Los últimos datos de Enagás recogen un desplome en octubre del 12,9% de la demanda convencional de gas, que incluye también el consumo de los hogares y excluye el que se utiliza para generar electricidad. El dato, corregido del efecto de las temperaturas y el calendario laboral, es en este caso el peor desde enero de 2023.

El gas europeo ha sido el gran pagano de la guerra que Donald Trump inició en Irán a finales de febrero. Y el encarecimiento de esta materia prima ha sido uno de los factores determinantes en el dato de inflación en España del 4,9% en octubre, según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La principal referencia en el viejo continente, el TTF holandés, se situó el 30 de octubre, en vísperas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cerca de 104 euros por megavatio hora (MWh), su nivel más alto desde finales de 2022. Tras el batacazo de los republicanos en esos comicios el pasado 3 de noviembre, el gas europeo llegó a caer más de un 20% desde esa cota, aunque luego ha vuelto a repuntar. El viernes se situó ligeramente por debajo de los 90 euros/MWh.
Por su parte, el petróleo Brent, de referencia para Europa, llegó a abaratarse hasta un 25% desde los 118 dólares que marcó el 25 de octubre. El pasado martes bajó de 90 dólares por primera vez desde agosto, aunque en los últimos días ha retomado las subidas. El viernes rondaba los 96 dólares, al renovarse las preocupaciones de suministro tras los ataques a la infraestructura energética saudí y las interrupciones en el transporte por el estrecho de Ormuz.
Pese a la ligera corrección a la baja tras la victoria demócrata en las ‘midterms’, el Brent es un 32% más caro que antes del conflicto. Por su parte, el TTF triplica los precios previos al inicio de la guerra en Irán. Antes de la invasión de Ucrania, cotizaba habitualmente entre 14 y 30 €/MWh.
Como señala al teléfono Reinoso, la situación del mercado energético cambia “día a día” y el alivio de las últimas semanas ha cambiado ligeramente el escenario. Pero el problema es “estructural” y la industria no puede estar pendiente de estos vaivenes. Más, con el diferencial de competitividad que arrastra Europa respecto a Estados Unidos, que disfruta de unos precios del gas mucho más baratos que la UE gracias al boom del denominado fracking. A precios equivalentes, la principal referencia del gas estadounidense ronda los 10 euros/MWh, nueve veces menos que en Europa.
La Alianza advierte de que la situación se ha deteriorado de forma acelerada desde el verano. Si “se prolonga”, advierte su portavoz, “el impacto acabará llegando al empleo industrial. Por eso pedimos al Gobierno que actúe ya, con medidas que alivien de forma inmediata la factura energética de la industria, antes de que el daño sea irreversible. Porque no podemos permitirnos que una crisis energética coyuntural tenga como consecuencia una pérdida permanente de actividad y empleo industrial”.
Ya en septiembre, la asociación Gasindustrial, que reúne a los mayores consumidores industriales de gas de España, calificó de “preocupante” la caída de ese mes, con un consumo un 31% inferior a la media del periodo 2018-2021, “una referencia que permite dimensionar la pérdida de demanda respecto a los niveles previos a la crisis energética”.
La Alianza por la Competitividad de la Industria elevó hace unos días a los citados 8.900 millones su estimación del sobrecoste energético que soportará la industria manufacturera española al cierre de 2026 por la crisis en Oriente Medio, unos 1.500 millones más (+20%) que en su previsión de septiembre. Esta entidad basa sus estimaciones en la evolución del TTF, de la electricidad en el mercado español y de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, junto con datos de consumo industrial y cotizaciones de futuros disponibles a 1 de noviembre.
La nueva previsión de esos sobrecostes se distribuye entre unos 4.900 millones de euros adicionales en la factura del gas y otros 4.000 millones en la eléctrica. En el caso de la luz, el coste de los denominados servicios de ajuste para mantener la estabilidad del sistema superó los 4.688 millones hasta octubre. Las organizaciones empresariales calculan que ha añadido una media de 22,4 €/MWh adicional al precio del mercado mayorista de electricidad.

Para las empresas electrointensivas, el impacto es especialmente visible. La Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (AEGE) atribuye a estos costes parte de la brecha de precios con Francia y Alemania. Asegura que la factura para un electrointensivo es 1,3 veces el coste de la energía en Francia y 1,1 veces el coste en Alemania, o lo que es lo mismo, un 30% más cara que en Francia, y un 13% más cara que en Alemania. Sin embargo, los últimos datos de Eurostat, del primer semestre de 2026, reflejan que los precios de la electricidad para consumidores industriales son sensiblemente inferiores en España a los de Alemania y a la media europea.
Reinoso admite que la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre no ayuda a adoptar las medidas urgentes que reclama la Alianza, entre las que cita la de prorrogar la reducción del 80% en peajes para los consumidores electrointensivos más allá del próximo 31 de diciembre. La entidad que agrupa a la industria ha reclamado en los últimos años sin éxito la aprobación de la Ley Industria. El anteproyecto inicial se presentó en diciembre de 2022, pero la norma se quedó empantanada en las Cortes en esta legislatura. Reinoso cree “prematuro” valorar las propuestas electorales de los partidos de cara a los comicios del 29-N.
r/SpainEconomics • u/toptnc • 2d ago
El Frente Amplio quiere limitar las herencias a un máximo de 10 millones de euros por heredero
r/SpainEconomics • u/toptnc • 2d ago
Cómo se llenó, vació y ha vuelto a crecer la hucha de las pensiones
r/SpainEconomics • u/Enzzo79 • 1d ago
Por qué no votar a la derecha: Cuando el verdadero peligro no es ideológico, sino económico.
meneame.netNo hace falta ser de izquierdas para preocuparse por las consecuencias de determinadas políticas de derechas. Basta con analizar qué proponen, a quién benefician y quién acabará pagando la factura.
r/SpainEconomics • u/Adept_Particular_390 • 3d ago
¿Opiniones sobre esto del Frente Amplio? Tarifa plana de 80€ para autónomos por debajo de SMI y 1 declaración anual para menos de 85k
r/SpainEconomics • u/birrakilmister • 3d ago
Change in each region's share of the national GDP of Spain in terms of percentage from 2000 to 2025
r/SpainEconomics • u/Either_Sweet_7534 • 3d ago
Los puestos mejor remunerados según convenio
Un estudio con las tablas salariales de este año de los convenios colectivos ordena qué puestos tienen el sueldo de convenio más alto.
Arriba del todo están los comandantes de avión: el convenio de Ryanair fija 106.000 € al año desde el primer nivel. En los convenios de sector, lo más alto es el coordinador de guiones de televisión.
En el otro extremo, en la mayoría de los convenios de sector ningún puesto llega a 30.000 € al año.
Son mínimos de tabla, sin antigüedad ni pluses variables.
¿Qué puesto pensabais que estaría en lo más alto?
Fuente: https://cvcompass.es/noticias/convenios-mejor-pagados-2026
r/SpainEconomics • u/2istar • 4d ago
Capitalización del paro + freelancer
Hola estoy pensando en pedir la capitalización del paro para montar una mini empresa y comenzar a trabajar de freelancer, el tema es que no estoy seguro de estar aquí en España el 100% del tiempo. Cómo se justifican los gastos y que % de ellos se justifica? Durante cuánto tiempo tengo que hacerlo?
r/SpainEconomics • u/Angel24Marin • 5d ago
Las comunidades autónomas en el actual boom económico
En los últimos 4 años el PIB real de España ha crecido lo mismo que en los 17 años anteriores, en torno a un 15% acumulado. La publicación por parte del INE de la Contabilidad Regional nos permite una primera valoración de cómo se están comportando las diferentes CCAA y ciudades autónomas en este periodo expansivo, tanto en términos reales como en términos per cápita. Y hay algunas sorpresas
El pasado 30 de septiembre el INE publicó la Contabilidad Regional de España para el periodo 2000-2025. Aunque no disponemos de la información para 2026, los datos nos permiten tener una primera valoración de cómo se están comportando relativamente las comunidades autónomas (CCAA) en la actual fase de expansión. Lo primero que hay que hacer es acotar el periodo de “boom económico” pues, tal y como recoge el siguiente gráfico, la evolución del PIB real en niveles, está muy condicionado por el efecto salida del impacto de la pandemia en 2020.

Ignorando el efecto de rebote de 2021, año en el que el PIB real creció casi un 7%, y tomando como punto de partida el año 2022, podemos comprobar que el crecimiento del PIB real de los últimos 4 años, hasta 2025, ha sido equivalente al de los 17 años anteriores (en torno a un 15% real acumulado). Y, si suponemos que el de este año 2026 va a ser 2,6%, como parece indicar el consenso, nos tendríamos que ir a un período de 18 años. Por tanto, definiré el “actual periodo expansivo” para las comparaciones regionales como el que abarca 2022-2025, ambos inclusive, y lo compararé con el periodo 2005-2021, en los que tuvo lugar tanto la Gran Recesión financiera de 2008 y el consiguiente pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, seguido por la crisis de deuda de la zona euro, además de la pandemia de 2020, que frustró cuatro años de recuperación económica, aunque fuera de forma transitoria.
En la Tabla 1 presento el crecimiento acumulado del PIB real en los dos subperiodos considerados. Para el total de España, tal y como se han escogido los periodos, el crecimiento ha ido equivalente: un 15,1% acumulado en los últimos 4 años y un 14,9% en los 17 años anteriores.

En el primer subperíodo, en el que engloba las dos crisis mencionadas, hay mucha disparidad en el crecimiento. De las 19 regiones (17 CCAA y las dos ciudades autónomas) solamente cinco crecieron por encima del 14,9% medio nacional: Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra, siendo Madrid la que tuvo mejor desempeño. País Vasco y Cataluña se movieron más o menos como la media nacional, pese a las turbulencias asociadas al “procés”. En cuanto a las CCAA que peor lo hicieron, destacan Asturias, Castilla y León, Cantabria, Canarias y la Rioja. Pero especialmente negativo fue el resultado de Ceuta y Melilla, con un crecimiento acumulado negativo del -6,2 y -5,4%, respectivamente en esos 17 años. En estos resultados no sólo influye el impacto de la crisis financiera y de la pandemia sobre el turismo, del que dependen muchas economías regionales, sino también de la evolución de la población, lo que se considera como la “España vaciada”. Más adelante corregiremos este efecto tomando en cuenta la renta per cápita.
En el actual boom económico, segunda columna de la tabla, también hay una gran disparidad. Las regiones que más han crecido han sido Baleares y Canarias, posiblemente por el impacto de la favorable evolución del turismo. Y, por encima de la media, apenas crecieron, además de las islas, Madrid y Cataluña. Por el contrario, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Castilla y León y las ciudades autónomas están creciendo por debajo del promedio nacional. Pero lo más interesante de la Tabla 1 es comprobar a qué regiones les está yendo mejor (en azul) o peor (en amarillo) en este boom económico en relación a cómo les fue en los 17 años anteriores. Baleares y Canarias son las que más han mejorado. Curiosamente, también lo han hecho Ceuta y Melilla, así como Asturias, Castilla y León y, en menor medida, Andalucía y La Rioja. Por el contrario, las que más han empeorado en el actual boom están siendo Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha.
Como mencionaba anteriormente, es posible que parte de estos crecimientos, sobre todo los que se refieren al primer período de 17 años, puede estar influido por una evolución desfavorable de la población. Por ejemplo, tanto las ciudades autónomas como Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla y León han tenido un crecimiento prácticamente nulo en los últimos años, lo que les ha podido condicionar el crecimiento de su PIB real. Por ello, en la Tabla 2 recojo la evolución relativa de la renta per cápita (PIB dividido por población) en los dos subperiodos considerados, tomando la media nacional como valor igual a 100. Es importante señalar que el INE publica estos valores en términos nominales, por lo que pueden verse distorsionados por la diferente evolución de la inflación.

Yendo directamente a la tercera columna, las regiones que han ganado renta per cápita relativa en este boom están siendo Extremadura, Galicia, Aragón, Asturias y Baleares. En algunos de estos casos, se trata de “convergencia” a la media nacional, como es el caso de Extremadura, Galicia y Asturias, mientras que en el caso de Baleares y Aragón divergen en la medida en que avanzan en una renta per cápita que ya estaba por encima del promedio nacional. Andalucía no ha convergido a la media nacional y Murcia y Castilla-La Mancha han divergido. Las regiones que han sufrido un mayor retroceso relativo en la renta per cápita han sido Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, La Rioja y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Estas últimas han recuperado crecimiento en este boom económico, pero lo han hecho a un ritmo inferior al promedio nacional.
En resumen, el actual boom económico está teniendo un impacto desigual sobre las regiones españolas. Tanto la evolución del turismo como de la población han podido tener un impacto diferencial relevante.
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Todas las huelgas generales son políticas
Mientras que la mayoría de las huelgas han sido tradicionalmente defensivas, los sindicatos han reaccionado a determinadas políticas del Gobierno de turno, hoy, como sucede en Francia o Italia, tienen un carácter ofensivo o, incluso, preventivo
El gran apagón, para la gran mayoría de los españoles, se produjo el 28 de abril de 2025. Ese día, como se sabe, el país se fue a negro tras colapsar el sistema eléctrico nacional. No tuvo un impacto menor el otro gran apagón de la democracia española. Ocurrió el 14 de diciembre de 1988, cuando los televisores de los 14 millones de hogares que había entonces también se fundieron en negro. Eran las 24:00 horas, ni un minuto más ni un minuto menos.
Aquel 14-D fue posible, como reveló hace algunos años un libro escrito por el sindicalista Jaime Martínez, líder de CCOO en RTVE, porque dos empleados del ente público, como se llamaba entonces, Alberto Corral y Manolo Molina, cortaron la señal de sonido pinchando el 'mute', mientras que, en paralelo, unos segundos después el mezclador de imagen del mismo control dejó la pantalla en negro. Fue entonces cuando los técnicos de Navacerrada, donde estaba situado uno de los múltiples repetidores de la señal, metieron la carta de ajuste. Había comenzado la huelga general de mayor impacto de la democracia. Se ha estimado que si en 1988 había en España 8,2 millones de asalariados, 7,8 millones, un 95%, participaron en la huelga.
¿Las consecuencias? Felipe González se vio obligado a convocar elecciones unos meses después —perdió la mayoría absoluta y se quedó en 175 diputados— y Pilar Miró, por entonces directora general de RTVE, que no puso zancadillas a la celebración de la huelga, cavó su tumba política. Los guerristas, que antes habían filtrado la historia de los trajes, nunca le perdonarían aquella 'traición'.
Este 11-N será muy diferente. Y no solo porque RTVE dejó de ser un monopolio hace casi cuatro décadas, sino, sobre todo, porque lo que ha cambiado es el ecosistema en el que se desenvuelve el mundo del trabajo. La afiliación toca mínimos, aunque en España la cobertura de la negociación colectiva es una de las más elevadas de la UE, y la individualización de las relaciones laborales, favorecida por los avances tecnológicos, ha hecho el resto.
El imaginario nacional
Aun así, la convocatoria de huelgas generales forma parte del imaginario nacional. Diez huelgas desde la aprobación de la Constitución. O, lo que es lo mismo, casi un paro cada cinco años, lo que no deja lugar a dudas de que se trata del 'bazooka' de los sindicatos.
Ningún Gobierno de la democracia se ha salvado. Solo Adolfo Suárez se libró, lo que se explica fundamentalmente por la firma de los Pactos de la Moncloa, asumidos a regañadientes por CCOO, entonces el sindicato hegemónico. Pedro Sánchez ha estado a punto de ser el único presidente del Gobierno sin una huelga general, pero el 'caso Maricarmen' y, en general, el déficit de viviendas asequibles obligaron a los dos grandes sindicatos a volver a sus clásicos. Es decir, a echar mano del arsenal más potente que tienen las centrales sindicales para oponerse a determinadas políticas.
No tenían más remedio, como admiten los propios líderes sindicales en privado. Las movilizaciones en torno a la vivienda han sido tan exigentes que quedarse al margen de lo que se reclamaba en la calle les hubiera restado representatividad y hasta legitimidad. Hay quien dice, sin embargo, que es una huelga general convocada contra la oposición, pero hay otros argumentos que discuten esta interpretación. Básicamente, por una razón que está en el ADN del sindicalismo. Todas las huelgas generales, por su propia naturaleza, son políticas. Sucedió el 14-D y volvió a ocurrir en las dos huelgas que sufrió el Gobierno de Rajoy. También las anteriores.
Hay múltiples ejemplos. La de 1988 se convocó formalmente contra la precarización del empleo juvenil que proponía el Gobierno de Felipe González, pero en realidad iba mucho más allá. Y la naturaleza política lo demuestra que hasta UGT, el sindicato hermano del PSOE, confrontó con Felipe González en una ruptura histórica. No, no era una huelga simplemente reivindicativa en defensa de unos derechos. Aquel año, la economía crecía más de un 5% y ya por entonces comenzó a hablarse de la cultura del pelotazo. España es donde más rápido se puede hacer uno rico, se llegó a decir por entonces desde el Gobierno. La vivienda, con sus continuas alzas, creó la primera burbuja de la democracia y el ensanchamiento de la desigualdad era más que evidente. Es decir, un contexto, salvando las distancias, con evidentes conexiones con el 11-N y anteriores huelgas generales.
Hay, sin embargo, una diferencia que es fruto del nuevo sindicalismo. No solo en España, también en Europa. Mientras que la mayoría de las huelgas han sido tradicionalmente de corte defensivo, es decir, los sindicatos han reaccionado a determinadas políticas del Gobierno de turno, hoy, como sucede en Francia o Italia, tienen un carácter ofensivo o, incluso, preventivo, como se prefiera. En particular, a consecuencia de los cambios políticos que se están produciendo en Europa con el auge del nacionalismo populista. El posible triunfo de Le Pen, por ejemplo, es en las calles de París un agente dinamizador.
En el caso de España, además de ese factor, los sindicatos reaccionan contra una triple realidad que es indiscutible: la vivienda es inaccesible para la mayoría, los salarios están estancados y la desigualdad, como hace casi 40 años, campa a sus anchas. Es decir, no se reacciona contra una ley en concreto, como en el pasado, sino contra un determinado contexto socioeconómico y político. Algo que explica, precisamente, que en la naturaleza de toda huelga general esté la política. ¿O es que la vivienda no lo es?
La confusión, sin embargo, surge de una lectura literal del real decreto-ley publicado en marzo de 1977, por lo tanto es anterior a la proclamación de la Constitución, que en su artículo 11 afirma que una huelga es ilegal "cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Parece evidente que su aplicación mecánica, sin tener en cuenta el contexto político en que fue aprobada la norma —CCOO todavía era ilegal—, significa que los sindicatos no podrían movilizarse contra la falta de viviendas o en favor de un mejor funcionamiento de los servicios públicos, sanidad, transportes o educación, que obviamente tienen que ver con los trabajadores. El binomio vivienda-salario es, de hecho, un motivo de preocupación para millones de españoles, como la salud o la educación.
No es de extrañar, por eso, que UGT y CCOO se hayan sumado a las movilizaciones impulsadas por múltiples colectivos sociales, como los sindicatos de inquilinas. Es decir, con el 11-N se busca una especie de renovación de la legitimidad sindical, que está anclada en la propia Constitución española, que en su artículo 7 precisa que sindicatos y patronales "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios".
Sindicato de nuevo tipo
A partir de esta declaración de principios, no sorprende que desde hace años hayan ampliado sus reivindicaciones históricas: el objetivo ya no es solo la defensa del puesto de trabajo en un tajo concreto. Precisamente, porque el ecosistema en el que se ha desenvuelto la acción sindical en las últimas décadas ha cambiado de forma profunda. Basta recordar que CCOO, desde su fundación, se definió como un sindicato de "nuevo tipo". Justamente, porque su presencia -el hecho sindical como instrumento de cambio social- ya no se limita a los trabajadores industriales del pasado, sino a colectivos más amplios, fundamentalmente profesionales u obreros cualificados, muy condicionados por las políticas públicas.
Esto explica, por ejemplo, que entre los motivos para convocar la huelga general esté, precisamente, incluir en la agenda pública las cuestiones sociales y económicas, no solo estrictamente políticas. Y lo que habían detectado sus ejecutivas confederales en los últimos tiempos es que la conversación pública había sido hegemonizada por cuestiones como la corrupción, la calidad institucional o asuntos de carácter identitario, lo que les dejaba fuera de juego. Y el hecho de que el 11-N coincida en el tiempo con las elecciones generales no es más que coherente con esa estrategia. Al contrario que un contrapié, es una oportunidad para sacar la cabeza. Los sindicatos buscan ser protagonistas de la agenda pública para sobrevivir. Lo contrario sería la muerte civil.